Los duros hechos
El estrépito de opiniones y vaticinios para capitalizar la muerte dudosa del fiscal debería ceder paso al análisis de cuestiones estructurales y a los duros hechos, comprobables con documentos y testimonios responsables. Todos los sectores políticos coinciden en la gravedad del caso, pero actúan como si fuera un episodio menor del que servirse en la campaña electoral. La trágica muerte de Nisman no puede disimular la endeblez e inconsistencia de su dictamen final. Un pedido de disculpas.
Por Horacio Verbitsky
La repercusión de la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman es inseparable de la gravísima denuncia por encubrimiento que había presentado cinco días antes, contra la presidente CFK, su ministro de relaciones exteriores Héctor Timerman y el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque, entre otros. Las portadas de todos los diarios del mundo describieron al muerto como el fiscal que había acusado a la presidente de encubrir a Irán y el terrorismo. Dentro de la lógica electoral a la que todo se subordina, para el gobierno se trata de una operación destinada a desestabilizarlo y el jueves la presidente redondeó ese concepto: “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”. La oposición política y mediática, en cambio, da por buenas cada una de las acusaciones del fiscal y sugiere con tan pocas pruebas como dudas, por citar una expresión de moda, que el gobierno lo hizo matar. Todo esto es parte del estrépito y la confusión que muestran qué desorientados están todos los actores políticos ante una situación cuya seriedad todos proclaman, mientras la tratan como una más de las pequeñas escaramuzas de toda campaña electoral en la que sólo interesa sacar ventajas a expensa del rival. En ese contexto, es recomendable atenerse a los hechos y postergar las conclusiones hasta que decanten las investigaciones y puedan conocerse los detalles que hoy se ignoran. De otro modo, proseguirá el vaivén histerizante de estos días: del suicidio al asesinato, de las puertas cerradas por dentro a la puerta abierta y luego a las dos cerraduras, una abierta por la madre desde afuera.
Para ello es fundamental estudiar la acusación de Nisman, que no ahorra calificativos para CFK y Timerman: “La consternación que provoca constatar que la señora presidente se encuentre involucrada en una vil maniobra” (f.200); utiliza un “encadenado rosario de mentiras” (f.141), “artillería de mentiras, falacias y engaños” (foja 19); es “pasmoso, da pavor constatar la manipulación” (foja 20); “obró de mala fe” (f.215); “no trepidaron en manipular vilmente tanto a las instituciones judías como a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. El objetivo de esta deleznable actitud...” (f.168).
Sus 289 fojas sostienen que:
1. La presidente decidió encubrir a los autores del atentado por razones geopolíticas y de interés comercial. Para eso ordenó en forma directa y personal ejecutar el delito.
2. Comenzó en 2011 mediante una negociación secreta con Irán, en la que Timerman prometió el cese de las acusaciones contra varios políticos persas, a cambio de un incremento en las relaciones económicas, de modo que la Argentina vendiera granos y carne a cambio de petróleo iraní, dada la crisis energética.
3. Eso se concretó en enero de 2013 con la firma del Memorando de entendimiento por el que se crearía una comisión de la verdad y el juez y el fiscal interrogarían a los acusados en Irán. Nisman reconoce que son decisiones de política exterior no sujetas a revisión judicial. Pero agrega que sólo sirven para disimular el verdadero objetivo delictivo: la mera presentación del Memorando a Interpol produciría el cese de las órdenes de captura contra los acusados iraníes emitidas en 2007 por el juez Rodolfo Canicoba Corral, y de las notificaciones o alertas rojas emitidas por ese organismo internacional de policía. De tal modo quedarían impunes los acusados y el resto del Memorando no se cumpliría.
4. Pese a los esfuerzos criminales de Timerman, la actitud diligente y responsable de Interpol y muy en especial de su Secretario General Ronald Kenneth Noble, los frustraron. Las alertas rojas de Interpol constituyen la columna vertebral de la acusación, son mencionadas 96 veces, en 56 fojas del escrito que, en cambio, apenas dedica dos fojas, de la 280 a la 282, a la fundamentación jurídica sobre los delitos que se habrían cometido. Esa estructura es inusual en una denuncia de este tipo.
Las pruebas
Como dijo la doctora María Servini al negarse a habilitar la feria judicial, cosa que Nisman no le solicitó en su apurada presentación, lo que faltan son pruebas de cada afirmación. Lo mismo sostuvo hace ocho años del juez federal Rodolfo Canicoba Corral cuando Nisman le presentó el pedido de captura de los sospechosos iraníes, sobran versiones de los servicios de informaciones, pero se necesitan pruebas de validez judicial. El último dictamen de Nisman tiene problemas de congruencia interna y de contradicción con hechos de la realidad. Por ejemplo, reproduce dos veces una grabación en la que Khallil se queja de Timerman y manifiesta la molestia de Teherán: “El ruso este de mierda se mandó alguna...estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares” (ff.116 y 143). En otra conversación dice que “Timerman no cumplió con algunas cosas” (f.95). Esto contradice la reiterada acusación de Nisman a Timerman, quien habría hecho todo lo posible para conseguir el levantamiento de las órdenes de captura y las alertas rojas de Interpol.
Más contundente es la contradicción entre lo que el fiscal le atribuye a Timerman y la versión del Secretario General de Interpol, Ronald Kenneth Noble, quien explica qué es lo que hizo el ministro que tanto molestó a los iraníes. En su edición de ayer, Clarín reproduce un cable de la agencia noticiosa oficial de Irán. En ese despacho del 17 de marzo de 2013 Irna reproduce palabras del canciller Ali Akbar Salehi: “Basado en el acuerdo firmado por Irán y Argentina, la Policía Internacional (Interpol) debe levantar las alertas rojas contra cuatro funcionarios iraníes”. Para el diario argentino esto probaría que Timerman “no dice la verdad”. Parece una confusión interesada: para cualquiera que observe de buena fe es obvio que Irán pretendía el cese de las alertas rojas, pero las pruebas de que el gobierno argentino hizo todo lo contrario abundan, en la propia acusación de Nisman, donde los interlocutores iraníes maldicen al canciller por no haber actuado como ellos deseaban y en el rotundo mail de Noble.
El fiscal empetrolado
En diez ocasiones a lo largo de su dictamen Nisman sostiene que la Argentina tenía una urgencia o una crisis energética, que califica de severa, por la cual necesitaba del petróleo iraní, a cambio del cual ofrecía granos y carne. Esta afirmación figura en grabaciones de Luis D’Elía, quien se atribuye diálogos al respecto con el ministro Julio De Vido, y de Jorge Khallil. Consultado para esta nota, De Vido negó que exista tal crisis energética. Dijo que la Argentina importa cantidades insignificantes de petróleo y en cambio es exportador de crudo. En 2014 la importación no llegó al 2 por ciento de la oferta total de petróleo crudo, en 2013 fue del 1,3 por ciento, en 2012 de 0,8 por ciento, entre 2011 y 2009 no se importó nada y en 2008 y 2007 el 0,1 por ciento. En 2014, en cambio, la Argentina exportó el 7 por ciento de su producción nacional de crudo. La Argentina nunca importó petróleo iraní, porque tiene 1,3 por ciento de azufre, lo cual impide su refinación aquí, donde no son tolerables niveles superiores a 0,2 por ciento. Lo que la Argentina importa son combustibles líquidos y gas natural licuado, pero Irán no tiene plantas de liquefacción. Irán exporta gas butano y propano, pero la Argentina también. Las estadísticas oficiales de comercio exterior tampoco dejan lugar a dudas. Como se puede observar en el gráfico de la cancillería argentina, cuya fuente informativa es el INDEC, lejos de aumentar el comercio argentino con Irán decreció a partir de la firma del Memorando de Entendimiento en enero de 2013. Tal vez alguno de los interlocutores grabados por Nisman haya creído posible utilizar sus contactos en las inmediaciones del poder, tanto en Teherán como en Buenos Aires, para realizar algún negocio y recibir comisiones. Pero su patético desconocimiento de las condiciones estructurales del comercio entre ambos países lo hizo imposible. Ni la trágica muerte del fiscal permite soslayar la liviandad del último dictamen que firmó.
