AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes.
19 de enero de 2015 a la(s) 20:34
La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos, y consternación en el resto. El suicidio provoca, además, en todos los casos, primero: estupor, y después: interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?
En el caso del ¿suicidio? del fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, no sólo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura, y por sobre todas las cosas, muy sórdida: la tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina.
En lo personal me retrotrae a épocas pasadas y también duras: el 18 de julio de 1994 era diputada provincial en Santa Cruz y convencional nacional constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido 4 años, y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe, y aquel lunes 18 el horror modificó todas nuestras rutinas.
Tampoco puedo olvidar que dos días después del atentado, me entero en Santa Fe que el 20 de julio, y con motivo del atentado, se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al Brigadier Andrés Antonietti.
Confieso que al enterarme de esa designación, un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre, en Río Gallegos colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería y, además, rompieron todos los caños de gas de los calefactores dejando fluir el mismo, y convirtiendo nuestro estudio en una gigantesca bomba, que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Sólo un milagro permitió que eso no sucediera.
El Sr. Antonietti, en esos momentos, creo que era vice-comodoro y segundo jefe de la Fuerza Aérea, que gobernaba la provincia de Santa Cruz. Habíamos mantenido un breve intercambio telefónico que terminó cuando le corté el teléfono. En ese momento nuestro estudio llevaba juicios contra contratistas de obra pública de dicha fuerza y concesionarios de servicios de la Agrupación Aérea. Me veo todavía, después de tanto tiempo, prestando declaración ante el oficial instructor de la Policía y recolectando firmas de repudio para una solicitada por el atentado.
Y recuerdo también una memorable entrevista con el entonces jefe de Policía, un teniente coronel de apellido Claro, ya que era el Ejército el que manejaba la seguridad y la inteligencia. Con él mantuve una conversación tensa, por mis declaraciones, que involucraban a un oficial de otra fuerza y nuestra decisión de publicar una solicitada. Sí, aunque parezca mentira, no se aceptaba ni siquiera la publicación de solicitadas denunciando atentados.
Lejos estaba de pensar en esa oportunidad (año 1980) que la explosión en la AMIA me devolvería al Brigadier Antonietti, 14 años después, con el cargo de Secretario de Seguridad de los argentinos. Y más aún lejos estaba de imaginar que en 1996 iba a formar parte, como senadora nacional y luego como diputada, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los atentados de la Embajada y la AMIA.
Mi participación, que se extendió hasta la finalización de la Comisión en el 2001, estuvo signada siempre por honrar la memoria, encontrar la verdad y que se haga justicia. Los primeros tiempos nos fuimos interiorizando de los hechos, de las circunstancias, de la tragedia, el testimonio de los familiares, de testigos, etc… Luego comenzaron a desfilar por la Comisión todo tipo de personajes, hipótesis, teorías, al mismo tiempo que cada vez más crecían las contradicciones, las falencias, los "errores". Más tarde, y en plena campaña política presidencial, el plantar pruebas, la desaparición de otras. En fin, la confusión, la tergiversación, el ocultamiento o la "aparición" de "pruebas" como método permanente.
Cada vez más, en lugar de aclarar, todo se oscurecía. Se complicaba y crecía la sensación, al menos en mí, de estar en un teatro de operaciones de la política nacional e internacional en el que a pocos le importaban las víctimas y mucho menos la verdad. Tal cual lo declaré más tarde como testigo en el juicio oral.
La tensión crecía y las discusiones también, y mi percepción de estar frente a la "fabricación de un juicio" fue creciendo hasta transformarse en convicción. Ocurre entonces un hecho determinante, como fue la memorable reunión donde declaró el Dr. Claudio Lifschitz, quien fuera Secretario del juez Juan José Galeano, y diera cuenta de las graves irregularidades cometidas por el juez y varios de sus funcionarios.
En esa declaración, que duró horas, fue como si de repente todas las piezas de un rompecabezas que no podía armar se unieran para llegar a una sola conclusión: estábamos ante el fraude material y procesal más importante del que se tenga memoria. Tan importante fue esa declaración, que a raíz de la misma se inicia una segunda causa por encubrimiento contra los funcionarios que se desempeñaban en la época del atentado.
Podría contar numerosos hechos y discusiones, pero todo se condensa en el tercer informe de la Comisión, que firmé en soledad y con disidencia total, afirmando que ya no tenía dudas, que nada de lo hecho y actuado por el juez Galeano pasaría por la prueba del juicio oral y público. Ya se sabe, los papeles aguantan cualquier cosa, las pruebas son otra cosa.
Desgraciadamente no me equivoqué. En el año 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 3 demolió, literalmente, el expediente de Galeano, y todo volvió a fojas cero en la causa principal.
Sin embargo, en el año 2000, se inicia formalmente la causa de encubrimiento a raíz de las declaraciones públicas del Dr. Lifschitz. La causa estuvo paralizada durante años y el juez a cargo Claudio Bonadío fue apartado, recayendo la misma en el juzgado del Dr. Lijo. Hoy, después de casi ¡15 años! de iniciada la causa de encubrimiento y 12 excusaciones de magistrados, se presume que "posiblemente" (el encomillado no es casual) se inicie el juicio oral y público este año. Los imputados son:
Juan José Galeano (ex juez): por los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato.
Hugo Alfredo Anzorreguy (ex Secretario de Inteligencia): por los delitos de peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.
Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia (ex fiscales): por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción.
Carlos Alberto Telleldín (reducidor de autos), Víctor Stinfale (abogado), Ana María Boragni (pareja de Telleldín), Rubén Ezra Beraja (ex Presidente de la DAIA), Patricio Finnen (ex agente de la SIDE): Por el delito de peculado.
Carlos Saúl Menem: por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.
José Alberto "el fino" Palacios (ex PFA): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.
Juan Carlos Anchézar (ex Subsecretario de Inteligencia): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
Carlos Antonio Castañeda (ex PFA): por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.
Resta indagar a un grupo de secretarios de Galeano y al Dr. Carlos Corach quien fuera sobreseído por el juez Lijo, pero revocada dicha sentencia por la Cámara de Alzada.
Curiosa y sugestivamente, cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al Gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado, no sólo en apertura de archivos, relevo del impedimento para declarar por parte de agentes de Inteligencia, asignación de recursos humanos y económicos como nunca antes había contado la investigación, reclamos, presentaciones y actuaciones en el orden internacional y ante la ONU sin precedentes, que ningún otro presidente había hecho. Repito, curiosa y sugestivamente se intenta convertir, 21 años más tarde, en encubridores por tratar de que se le pueda tomar declaración a los imputados iraníes mediante un Tratado Internacional aprobado por ley del Congreso.
Me parece que es demasiado. No se puede violar la ley con la aprobación del Congreso. No se puede violar la ley cuando lo que se quiere es que declaren los imputados, sobre todo porque es la única manera de que la causa salga del estancamiento y retroceso de casi 21 años. O acaso no se recuerda cuando en cumplimiento de las alertas rojas logradas durante nuestro gobierno contra los iraníes acusados fue detenido por Interpol en Londres el ex Embajador iraní ante Argentina Heidi Solimanpur, y la justicia inglesa lo liberó por falta de pruebas debiendo pagar la Argentina USD 25.000 de indemnización.
Podría mencionar las recientes declaraciones del ex Director General de la Interpol que intervino en toda la etapa de las alertas rojas u órdenes de detención o del Departamento Legal que opinó sobre el Memorándum, diciendo que era conveniente para el esclarecimiento del atentado.
Pero creo que lo más importante es advertir que se intenta hacer con el juicio de encubrimiento lo que se hizo con el juicio principal 21 años atrás: desviar, mentir, tapar, confundir. Si en aquel juicio "desaparecían" los cassettes que probarían que la SIDE estaba al tanto de que se estaba preparando un atentado, ahora "aparecen" cassettes de personajes públicamente simpatizantes de Irán a los que ni siquiera es necesario intervenir un teléfono para saber lo que hacen o lo que piensan. Basta con encender la radio y escucharlos, o mirar televisión y leer los diarios.
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